La precarización laboral en el abordaje de la infancia: para el sindicato, el Estado subcontrata

El Servicio Nacional de Menores (Sename) es el encargado de ejecutar la política de infancia en Chile bajo subordinación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Desde que se desató el conflicto social en el país trasandino, se suman cada vez más voces pidiendo una reforma integral (o el fin) del Sename como estrategia del Estado para abordar la infancia.

El conflicto se plantea desde dos aristas: por un lado, la situación de desregulación en la que viven les trabajadores que forman parte de los programas; y por otro, la vulneración sistemática de los derechos de niños.

Pablo Valdebenito explica que más del 96% del abordaje de la infancia en Chile está en manos de privados ya que el Estado terceriza. Valdebenito se desempeña en uno de los programas del área de Justicia Juvenil del Sename y forma parte del SINTRASUB-SENAME, sindicato interempresas formado recientemente y que busca poner sobre la mesa la situación de total desamparo en la que están les trabajadores y “como dicha precariedad incide en la vulneración de derechos de la niñez"

El abordaje de la infancia, tercerizado

“El 96,2% de la política de infancia es a través de los famosos organismos colaboradores de Sename (OCAS). Nosotres sostenemos que trabajamos bajo la lógica de subcontratación. Si uno lee la ley de subcontrato en Chile, que surgió en el año 2007 a partir de las protestas del sector minero, se puede ver que nuestras condiciones son las mismas, La oferta directa del Sename representa el 3,8% del total”, manifestó.

En el año 2005, con la promulgación de la Ley 20.032, se habilita la creación de los organismos colaboradores acreditados del Sename. A la fecha, existen alrededor de 450 OCAS aproximadamente y “un dato reciente es que, de las 450 sólo 15 reciben cerca del 52% de los recursos, por lo que podríamos estar hablando de un oligopolio”, asevera Valdebenito.

En el último inciso del artículo 65, se “señala que el Sename no tendrá relación alguna con les trabajadores de los organismos colaboradores acreditados del Estado. Sin embargo, el Sename a nosotrxs nos exige poner su logo en cada documento, en las plataformas virtuales y nos manda a capacitaciones, reuniones y nos supervisa constante y cotidianamente pero no se mete en el orden laboral. Por lo tanto, funciona como una empresa contratista, pero la ley dice que no”, explicó Valdebenito.

En 2008 el propio Servicio Nacional de Menores fue a la Contraloría General de la República a consultar si existe subcontratación y “en un fallo bien cuestionable dice que no existe subcontratación por el artículo 65”.

Ese mismo año, el 31 de octubre, se constituyó el sindicato interempresas (con presencia en más de 30 de esas 450 OCAS sólo en el primer año desde su constitución) y el 21 de noviembre, también de ese 2018 solicitaron una reconsideración del dictamen N° 8.344. “Todavía no tenemos respuesta y eso a nosotrxs como sindicato nos genera suspicacia porque deben estar viendo de qué manera responder para legalizar la subcontratación encubierta porque si ellos dicen que hay subcontratación en el Sename muchos elementos deberían entrar a cambiar”.

A partir de esta realidad es que desde el sindicato creen que para el Estado un niñx tiene un valor económico a partir del programa que lo acoge: “Cada niñx vale aproximadamente 150 mil pesos, dependiendo de la línea de los programas. Pero no hay una regulación de escala de salarios. Por ejemplo, mi programa está dentro de una condición de privilegio en relación a un montón de otros colegas. Líquido me quedan 780 mil pesos, cuando hay otros que, por hacer el mismo trabajo, pero bajo otra empresa, pueden ganar la mitad de eso. Eso no tiene regulación y queda totalmente sujeto a la lógica de cada empresa”.

La infancia, vulnerada violentamente

“En las residencias de protección hay maltrato físico sexual, entre niños, niñas y desde educadores, eso existe. La cifra se ve abultada porque han muerto niñxs que están bajo algún programa del Sename, pero no residencial”, comenta Valdebenito.

Un informe publicado por el Centro de Investigación Periodística (Ciper) el año pasado, a partir de un expediente que presentó la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) a la Justicia, da cuenta de la existencia de 2071 casos de maltratos graves, de los cuales 310 incluyen abuso sexual. Estos números corresponden sólo al año 2017.

La PDI realizó una investigación a partir de un requerimiento del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien indaga “las 1.313 muertes en centros del Sename (entre 2005 y 2016) reportadas tras el deceso de Lissette Villa”, ocurrida en abril de 2016, publica Ciper.

El extenso informe de la PDI (257 páginas) fue presentado a la Fiscalía en diciembre de 2018, con copia al gobierno nacional, pero no se había hecho público hasta que Ciper accedió a los detalles.

Es esta realidad la que también motivó a la sociedad a exigir una reforma profunda en el Sename (o su transformación total en otro organismo). En las calles el pueblo pide un abordaje de la infancia que cambie profundamente lo que viene sucediendo.